Jorge VargasUn año se cumplió desde la muerte de Camilo Catrillanca, un año desde que el gobierno mintió, declarando ante la opinión pública que se había enfrentado a tiros con el “Comando Jungla” de Carabineros, cuando realmente había sido atacado por la espalda, en su tractor, en medio de una operación policial por el robo de unos autos que nada tenían que ver con él, cuya evidencia fue ocultada, siguiendo la orden del altos mando de la policía.
Los meses pasaron y la fecha coincidió con el estallido social más grande desde la vuelta a la democracia. El gobierno estaba nervioso, en los días previos, el martes, un paro convocado por más de una centena de organizaciones sociales, sindicales, reactivó el nivel de conflictividad, las avenidas del país se desbordaron, en algunas poblaciones sitiaron a la policía en sus comisarías y la batalla por el orden publicó fue, una vez más, perdida por el lado del ejecutivo.
El día comenzó con múltiples manifestaciones bajo el llamado de la familia Catrillanca que llamó a recordar a su hijo, pareja, hermano y amigo bajo diferentes formas expresión y protesta. Algunas se desarrollaron de forma reflexiva y ceremoniosa, otras incluyeron cortes de ruta, como en la Araucanía, donde la mayor parte de los caminos hacia las localidades aledañas fueron bloqueadas y se desarrollaron enfrentamientos con la policía alrededor de la intendencia y la gobernación, símbolos del estado chileno.
Mientras en las calles las conmemoraciones se tomaban la jornada, a pocos metros de la Plaza de Armas de Santiago, donde se realizaba una velatón que había sido convocada por organizaciones mapuche de la región metropolitana, el la sede del ex Congreso, los partidos de la oposición y el oficialismo se batían en una interminable negociación para dar a luz el mecanismo por el cual se pretende reformar la constitución.
Cuando la mayor parte de los enfrentamientos entre manifestantes y policías ya había amainado, con las velas apagadas al igual que gran parte de las barricadas, a las 2: 24 de la madrugada, el presidente del Senado, Jaime Quintana, célebre por su famosa frase de la retroexcavadora, cuando se suponía que el gobierno de Bachelet “iba a destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura”, anunció el acuerdo al que habían llegado los parlamentarios.
De acuerdo a lo que informó interferencia.cl: “El acuerdo básico consiste en un plebiscito que deberá resolver, antes que todo, si es que se requiere una nueva Constitución. Si es que gana el sí, entonces, la ciudadanía podrá definir si el mecanismo será a través de una convención constituyente (un eufemismo de asamblea constituyente) o de convención mixta, en que los redactores de la nueva constitución serán 50% parlamentarios y 50% asambleistas. Los asambleistas serán electos bajo un sistema proporcional como el que se usa con los diputados”.
En la misma línea, el diario electrónico, consignó que la nueva constitución deberá ser aprobada por un quórum de 2/3 de los constituyentes. Esto implica que los acuerdos deberán ser amplios, cuestión que entrampó la discusión y se mantuvo como la principal diferencia al interior del debate. Finalmente, se decidió que los asambleístas deberán llegar a acuerdo, en un plazo de nueve meses, prorrogables por otros tres.
Uno de los puntos que preocupa también en la oposición y en general en la ciudadanía, es la creación de una comisión técnica designada en términos paritarios entre oposición y oficialismo, que deberá definir las reglas del funcionamiento de cualquiera de las dos convenciones, una labor clave en los procesos de negociación, donde se discutirán – por ejemplo – los requisitos para ser candidato, el rol de los partidos y las vías de financiamiento, elementos que pueden derivar en la cooptación de los asambleístas por parte de los partidos.
El anuncio fue recibido este viernes de forma agridulce por parte de la movilización, por un lado el acuerdo en el Congreso habría sido imposible sin la presión de las protestas en las últimas cuatro semanas, pero al mismo tiempo se desarrolló a sus espaldas, sin la participación o consulta de las organizaciones sociales y en uno de los espacios más deslegitimados por la ciudadanía, aún así, se abre la posibilidad de destrabar el enclave institucional que obstaculiza el avance de gran parte de las demandas de la calle.
En contraparte, la ciudadanía queda aún a la espera de anuncios que resuelvan sus demandas inmediatas: el alza del salario mínimo, subir el monto de las pensiones y cambiar el sistema de capitalización individual controlado por las AFP, mejorar el sistema de salud, ampliar los recursos para la educación pública, modificar el Servicio Nacional de Menores y cambiar el código de aguas, entre otras.
Así, durante este viernes, la Plaza Italia, rebautizada por la movilización como “Plaza de la dignidad”, volvió a verse llena de manifestantes, al igual que los principales puntos de movilización en el país. En la calle la gente exigió mejoras en su calidad de vida en el corto y mediano plazo, justicia para los casos en que se abusaron y violaron los derechos humanos y mayores garantías democráticas para la creación de una nueva constitución.
Fotos: Diego Figueroa, Alfonso González, Juan Hoppe y Jorge Vargas | Migrar Photo
Texto: Pedro Ramírez | Migrar Photo
